México Poder Autónomo

lunes, 5 de febrero de 2007

APPO: Ulises Ruiz busca introducir pistoleros en lamarcha de mañana

"La Jornada", México, edición del 2 de febrero de 2007.
*******OAXACA*******
Teme que la movilización de este sábado sea reprimida luego de provocaciones
APPO: Ulises Ruiz busca introducir pistoleros en la marcha de mañana
Al menos 4 mil policías estatales vigilarán el centro histórico de lacapital oaxaqueña
Doce detenidos consiguen amparo contra cargos de sedición y asociacióndelictuosa
OCTAVIO VELEZ, ADN SURESTE, NOTIMEX CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 1º de febrero. Un juez federal otorgó un amparo mediante elcual 12 presuntos integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos deOaxaca (APPO) quedaron protegidos de los cargos de sedición, asociacióndelictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías decomunicación.
Los acusados fueron detenidos el pasado 2 de noviembre durante unenfrentamiento con policías federales que pretendieron desmantelar labarricada que se encontraba en el crucero de Cinco Señores, cerca deCiudad Universitaria. Ocho días después se les dictó auto de formalprisión, pero tras permanecer un mes en el penal de San Juan BautistaCuicatlán fueron liberados bajo caución.
Isaac Torres Carmona, abogado del Comité de Liberación 25 de Noviembre,quien interpuso el recurso jurídico, informó que con el amparo ya notendrán que presentarse a firmar cada semana.
El amparo beneficia a Javier Moreno Colmenares, Sergio Rojas Juárez,Francisco Aragón Morales, Trinidad López Calvo, Javier Alarcón y BulmaroMartínez Hernández. Asimismo, a Arturo Alvarez Pérez, Fermín García Silva,Inti Martínez, Crisóstomo Aparicio García, Samuel Cruz Ortiz y Juan JoséFlores Hernández.
Hoy la asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional deTrabajadores de la Educación llamó a sus casi 70 mil afiliados areincorporarse a las movilizaciones convocadas por la APPO, en particulara la marcha del próximo sábado.
Florentino López Martínez, vocero de la APPO, alertó que ante esadeterminación el gobierno estatal pretende introducir porros y pistolerospara generar violencia en la protesta y justificar la represión. "Tenemosinformación de muy buena fuente de que el tirano (el gobernador UlisesRuiz) pretende meter a provocadores", advirtió.
El secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, informó que almenos 4 mil policías estatales resguardarán el Zócalo y sus bocacallesante la novena marcha de la APPO. Dijo que el objetivo será disuasivo, node represión ni de provocación.
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/02/index.php?section=politica&article=011n1pol


Documentan múltiples violaciones a derechos humanos
Se configura un "estado de excepción", alertan activistas

EMIR OLIVARES ALONSO
El gobierno de México se muestra hoy frente al mundo como un graveviolador de los derechos humanos, ya que el Estado vulnera cada vez másestas garantías y son frecuentes la tortura, las desapariciones forzadas,las declaraciones fabricadas y las detenciones arbitrarias, así como losatentados contra la vida.
Ante ello, "es innegable que Oaxaca ejemplifica con claridad la impunidadfáctica y jurídica con la que actúan las fuerzas del orden en el país,justificando sus actos con la bandera del estado de derecho y amparándoseen un sistema judicial cómplice, que se ha usado como arma de represión,persecución política e intimidación", se plantea en las memorias delprimer Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca.
En el foro, realizado hace algunas semanas en la Cámara de Diputados, alcual asistieron 432 personas, diversas organizaciones sociales, partidospolíticos y observadores internacionales, se concluyó que la "represiónsistemática" en Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca configura"un estado de excepción contrario al estado democrático, lo cual atentacada vez más contra la libertad de los ciudadanos, dejando una gran deudaen el sentido de la justicia".
Otra de las conclusiones es que el gobierno mexicano criminaliza la luchasocial con la creación de leyes que van contra garantías individuales comolas libertades de expresión, asociación y pensamiento; además de que lamilitarización que ha emprendido el presidente Felipe Calderón "es unamala señal para el futuro del país, que tiene ya un antecedente en lahistoria latinoamericana, como es el caso de Uruguay, donde después deasumir el poder de manera fraudulenta se dio lugar a la militarización deamplios sectores públicos y luego ocurrió una cruenta represión".
En las memorias se plantea que la impunidad es el principal problema queenfrenta la defensa de los derechos humanos en México, debido a que en elpaís no se castiga a quienes vulneran esas garantías. Por el contrario, seañade, se premia a quienes atentan contra ellas, "como el caso del exgobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña, responsable de tortura yrepresión de altermundistas, al igual que Eduardo Medina Mora (actualprocurador general de la República), responsable de los operativos decontrainsurgencia en Atenco y Oaxaca. Ambos personajes hoy están en cargosclaves de seguridad nacional".
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de México manifestaronque uno de los compromisos de este foro es difundir ante instanciasnacionales e internacionales los más de 40 testimonios de personasdetenidas a raíz del conflicto de Oaxaca, en los que se denuncianviolaciones a las garantías individuales por policías y autoridadespenitenciarias.
Informaron que trabajarán por la liberación de los "presos políticos" ypor denunciar ante el mundo que "en México se persigue a los luchadoressociales y se castiga el derecho a disentir" mediante la fabricación decargos inexistentes y tratos degradantes contra los luchadores sociales.
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/02/index.php?section=politica&article=011n2pol


Divide a ministros proyecto que rechaza la investigación del caso por la SCJN
Hubo violaciones patentes a derechos humanos en Atenco: Góngora Pimentel
JESUS ARANDA
La discusión sobre la solicitud de que la Suprema Corte de Justicia de laNación (SCJN) investigue el operativo policiaco de mayo pasado en SanSalvador Atenco se complicó en la sesión de ayer de ese organismo, y antela necesidad de que el pleno defina antes de tomar una decisión qué seentiende por "violación grave de garantías individuales", el ministropresidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, resolvió aplazar el debate para elpróximo martes.
Sólo tres ministros ­Genaro Góngora Pimental, Juan Silva Meza y OlgaSánchez Cordero­ demandaron abiertamente que la SCJN investigue lasdenuncias hechas por pobladores de Atenco y organizaciones sociales, queacusan a los cuerpos policiacos federales y estatales de uso excesivo dela fuerza, allanamiento ilegal de domicilio, detenciones arbitrarias,tortura y abuso sexual de 44 mujeres detenidas.
José Ramón Cosío y Fernando Franco rechazaron el proyecto de dictamen querehúsa investigar el caso, en razón de que no era lo suficientemente claroy le faltaba argumentar su postura, pero ninguno se pronunció abiertamentepor que se hiciera la investigación.
A su vez, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y MargaritaLuna Ramos apoyaron la propuesta del ministro instructor, Sergio SalvadorAguirre Anguiano; Ortiz Mayagoitia no definió su postura.
En la sesión del próximo martes, el pleno ya estará completo, pues MarianoAzuela Güitrón se integrará después de haberse ausentado unos días; haceunos meses él declaró que el artículo 97 constitucional ­que prevé lafacultad de la Corte para investigar violaciones graves a las garantíasindividuales­ es "totalmente anacrónico y está redactado con los pies";por lo que es previsible el sentido de su voto.
Ayer las puertas del salón de sesiones permanecieron cerradas para impedirque las consignas de pobladores de San Salvador Atenco, que realizaron unmitin afuera de la sede de la Corte, entorpecieran la labor de losministros. También se tomaron precauciones para que en el recinto sóloestuvieran presentes funcionarios, estudiantes y periodistas. El públicoen general pudo seguir la transmisión por circuito cerrado de televisión.
El más elocuente fue Góngora Pimentel, quien de entrada no dejó duda de supostura al señalar: "hice mía la petición del grupo de ciudadanos ­de quela SCJN ejerza su facultad de investigación prevista en el artículo 97constitucional­ porque mi conciencia no me dio otra alternativa.
"La Corte no puede ser cómplice por omisión ni lavandería de violaciones alos derechos humanos; la Corte debe investigar qué pasó, si existieronviolaciones graves a las garantías individuales, que en el caso sonpatentes, qué autoridades fueron las responsables de éstos, hacerrecomendaciones precisas a las autoridades y, sobre todo, sentar unprecedente de que en México eso no está permitido", expresó. Que sedetermine "si los hechos surgieron espontáneamente, o si fueronprovocados, o si un ánimo de venganza por parte del gobierno suscitó talesacontecimientos".
Es tan vigente el tema, enfatizó, que al propio presidente Felipe Calderónlo han perseguido en sus giras en el extranjero en razón de estos hechos.
También cuestionó que el proyecto propusiera que la Corte no investiguehechos cuando la autoridad actúe en el marco de sus atribuciones paramantener el orden público. Eso "sería una licencia de la SCJN a laspolicías para que maten y golpeen por el simple hecho de ser policías;sería convalidar, ahora sí claramente, mediante una resolución, el 68 o eljueves de Corpus de 1971".
Recordó que aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitióuna recomendación sobre el asunto, sólo el gobernador del estado de Méxicola atendió; en cambio, el secretario de Seguridad Pública federal (EduardoMedina Mora, quien ahora ocupa el cargo de procurador general de laRepública) se negó a aceptarla porque, alegó, estaba sustentada en "hechosfalsos".
Enfatizó que una investigación "no va a exacerbar los ánimos sino, alcontrario, ayudará a cerrar heridas sociales, a purificar la conciencianacional.
"Todos vimos las terribles imágenes en la televisión de 32 hombresgolpeando a otro en el suelo; vimos a los policías entrar en losdomicilios sin ninguna orden judicial, tirando las puertas a patadas ycómo hasta a los perros les tocaron palos". Y aún persiste la pregunta:"¿quiénes son los responsables? ¿Actuaron motu proprio granaderos ypolicías?"
Señaló que no atender la gravedad de los hechos sería como "si en unataque generalizado de locura se aplaudieran matanzas, como sucedió en laAlemania nazi".
Al igual que Cosío, Góngora criticó el proyecto, porque en éste sólo sereprodujo la postura de las autoridades, ignorando a las víctimas.
Pese a que no hubo un criterio mayoritario en favor del planteamiento deAguirre Anguiano, las críticas de los ministros al proyecto obligaron aAguirre a recular en varias de sus posturas, para asegurar un apoyomayoritario.
Así, aceptó eliminar lo que decía sobre el mantenimiento de la "pazsocial"; adelantó que prescindiría de calificaciones relativas apersonajes que estuvieron en los hechos ocurridos el 4 y el 5 de mayo delaño pasado en San Salvador Atenco, como expresiones sobre la presencia desindicalistas y extranjeros; además de quitar su afirmación de que "laCorte no debe intervenir cuando los hechos se motivaron por el legítimoejercicio de las autoridades policiacas de sus atribuciones", y se dijodispuesto a eliminar proposiciones tendientes a crear una doctrinajurisdiccional sobre el artículo 97 constitucional.
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/02/index.php?section=politica&article=014n1pol

Demandan a la Corte evitar convertirse en cómplice de asesinos y violadores
Emir Olivares Alonso
En respuesta al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien planteóen su proyecto de dictamen al pleno de la Suprema Corte de Justicia de laNación (SCJN) que atraer el caso Atenco sería contraproducente, debido aque "se podrían exacerbar" los ánimos al ir en contra de la preservacióndel "orden" alcanzado en esa comunidad, el Frente de Pueblos en Defensa dela Tierra (FPDT) respondió: "¿cómo podemos gozar de paz y orden socialcuando tenemos asesinados, violadas, torturados y encarcelados".
Con el fin de que la SCJN "no se convierta en cómplice de asesinos yvioladores" y ejerza su facultad de atracción, con base en el artículo 97constitucional, para analizar las violaciones a los derechos humanosperpetradas durante el operativo policiaco de mayo pasado en San SalvadorAtenco, integrantes del FPDT se manifestaron en la sede del máximotribunal.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmóen un comunicado que durante el debate en la sesión de la SCJN "seevidenció la debilidad" de los argumentos de Aguirre. "Al sugerir que laCorte se abstenga de investigar los hechos, niega el acceso a la justiciapara quienes fueron víctimas de violaciones a derechos humanos en Atenco".
Consideró que "al no ejercer la facultad de investigación en el caso, laCorte permitiría institucionalizar la venganza como motivo de actuación delos cuerpos de seguridad pública estatales. Como atinadamente señaló elministro (Góngora Pimentel), sólo una investigación como la que puedeencabezar la Corte tendría la independencia y rigor necesarios paraanalizar el caso en su conjunto y valorar la responsabilidad estatal".
Una comisión de atenquenses fue recibida por el secretario general de lapresidencia de la Corte, Alberto Díaz, a quien entregaron un documento enel que exigen además de la creación de una comisión especial que analiceel caso Atenco, que se revisen los amparos en favor de los detenidos porestos hechos, que se castigue a los culpables de violaciones a losderechos humanos y que sean liberados los "presos políticos" de Atenco yOaxaca.
Díaz se comprometió con la comisión a que la próxima semana, cuando seretome la discusión del caso en el pleno de la Corte, los integrantes delFPDT podrán ingresar en la sesión.
Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle, exhortó alos ministros ­en especial al presidente del tribunal, Guillermo OrtizMayagoitia­ a razonar su decisión con apego no sólo a la legalidad, sino ala sensibilidad, para que se aplique la justicia.
Por su parte, Juan de Dios Hernández Monge, uno de los representanteslegales de los detenidos en Atenco, dijo que resulta "inverosímil" que laCorte tenga dudas para atraer la investigación, luego de que diversosorganismos nacionales e internacionales acreditaron que existieron delitosgraves en contra del pueblo de Atenco.
Los integrantes del FPDT exhortaron a los 11 ministros a no permitir queesos crímenes queden impunes y se castigue no sólo a los responsablesmateriales, sino también a los autores intelectuales.
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/02/index.php?section=politica&article=014n2pol

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